Después de detectar varios asentamientos irregulares en el derecho de vía del Tren Maya en Campeche, se decidió, en alianza con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), proceder a la reubicación de estas familias, iniciando con la entrega de nueve inmuebles que se encuentran en el Fraccionamiento Ex Hacienda Kalá, en San Francisco de Campeche, para continuar en las siguientes semanas con una segunda entrega.
Pese a la muy ventajosa oferta hecha a quienes decidieron asentarse de manera irregular justo a un lado de las vías, un grupo de personas presentaron un amparo para que las autoridades no se acercaran a dar información al respecto y no continuará la edificación.
“Hay un grupo como de 50 vecinos que no quieren que pasemos, pero no pasar afectaría mucho al estado. Abandonaríamos una ciudad que es fundamental, debemos llegar al arreglo en los mejores términos reconociendo sus derechos. Aunque no tienen propiedades, tienen derecho de estar en la vía. Llevamos un proceso, generamos unas casas muy atractivas para mover a la gente porque sería más caro para la sociedad no tocar Campeche”, dijo Rogelio Jiménez Pons, director del organismo, en entrevista con Obras en abril de este año.
“Aviadores, Paracaidistas”, comandados por una abogada, exigen viviendas o dinero, aun cuando no son dueños de los terrenos que habitan.
Yucatán: 3,286 hogares están en el paso
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) llegó a acuerdos con alrededor de 250 familias, de los más de 3 mil hogares que habitan dentro del derecho de vía donde se construye el Tren Maya, para avanzar en los procesos de “relocalización consensuada” en la Península de Yucatán.
Sin embargo, Kalycho Escoffié, la asesora jurídica de pobladores en riesgo de ser removidos, afirmó en entrevista que se trata de “desalojos forzosos” que violan el derecho a la vivienda y otros como el trabajo, territorio e identidad por lo que vecinos han iniciado al menos cuatro juicios de amparo en la ciudad de Campeche y Candelaria, Campeche, cuya sentencia puede extenderse hasta 2022. Otra gente, dijo, ha cedido “por miedo” aunque la nueva casa esté lejos de sus centros de empleo o del transporte público.
“Fonatur está buscando, junto con otras autoridades, desalojar a personas de manera extrajudicial cuando no tiene facultades legales para hacerlo. Argumentan que no es un desalojo porque se les dará opciones habitacionales, pero eso implica que se les va a hacer salir de sus casas independientemente de que haya una indemnización a la cual, por supuesto, tendrían derecho”, aseguró.
Ya inició la primera parte de entrega de viviendas a quienes aceptaron la mudanza y relocalización, y que actualmente viven en Pénjamo, Tenosique, El Faisán e Icorsa, en Tabasco; El Naranjo, Haro, Candelaria, Escárcega y Pixoyal, en Campeche; y otras comunidades en Yucatán. Mientras que a las familias que negociaron el apoyo económico ya se les ha iniciado la transferencia de recursos, informó Fonatur esta semana.
“Es verdad que hay familias que han accedido al proceso, pero, así como algunas lo vieron como una oportunidad, mucha gente lo hizo por miedo. Si no se van ahorita por la buena, temen que después los hagan salirse por la mala y se tengan que pelear con el Gobierno para el proyecto de infraestructura más importante del sexenio”, aseveró la abogada.